Antes que el electorado la colocara en la legislatura Verónica escribió menudo libro sobre los vivido del 91 en adelante.
Confió en mi para que aportara opiniones, sugerencias y hasta correciones.
Hoy que parece correr por otros caminos, tal vez sumida en el clima ushuaiense, el descubrimiento de los escritos de entonces me impulsan a publicar su prólogo, de manera desautorizada.
Quizás debamos preguntarnos
cómo comenzó a escribirse esta historia de Tierra del Fuego, cómo se dio ese
vertiginoso proceso de creación y vaciamiento.
Las políticas trazadas
desde el orden nacional e internacional para Argentina debieron aplicarse, no
sin contradicciones, en la flamante provincia. Así el proceso de
privatizaciones, concesiones y tercerizaciones, de endeudamiento interno y de
creación de compromisos externos a Tierra del Fuego se fue trazando, planificando,
hilvanando, cosiendo y reforzando.
Fue en el año 1991
cuando se establecen las bases institucionales. El primer trazo fue la Constitución Provincial ,
jurada el 1º de Junio de ese año que incorporaba conceptos importantes en
cuanto a preservación de recursos, federalismo y mecanismos de participación.
Había sido el Movimiento Popular Fueguino, un partido surgido de
movimientos vecinalistas y convencido de su rol de custodio-opositor, el que
había diseñado ese primer paso institucional incorporando todos los mecanismos
de control posibles frente a un escenario con el protagonismo de los partidos
nacionales que habían gobernado el entonces territorio a través de delegados
presidenciales. Nunca imaginaron que el electorado podría colocarlos en la gobernación[1].
El mapa político de ese
primer período de gobierno provincial ubicó a la fórmula Estabillo-Castro en el
Ejecutivo y conformó una legislatura con mayoría mopofista y riograndense. La Legislatura se
reservaba la función de control y observaba estrictas exigencias al desempeño
del gobierno. Dos áreas de control se sumaron como reaseguro de control de
ejecución: el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado.
La experiencia de
arbitrariedad y saqueo, nunca investigado, había llevado a los convencionales a
la búsqueda de un modelo de administración eficiente, moderna y transparente.
Claro que esto se planteó en teoría en la Constitución y en las
ideas discutidas en las acaloradas sesiones de la Convención. No
pasarían demasiados años para encontrarnos con que esas ideas originales se
opacaban y se desnaturalizaban a la vez que se desdibujaban los controles.
El poder judicial
comenzaría a constituirse a partir del funcionamiento del Consejo de la Magistratura , un
organismo colegiado con representación de los abogados, del ejecutivo, del
legislativo y de la Fiscalía
de Estado. Se dio una primera discusión
en torno a si debían –los jueces electos- ser abogados del foro local o debía
abrirse a matriculados de todo el país. Una teoría era sostenida desde la defensa
de la idiosincrasia propia del pueblo que debía ajustarse a los códigos, pero
que también tenía características propias a su historia y su conformación
social. La otra teoría se basaba en igualdad de oportunidades consagradas por
la constitución nacional e inclusive agregaban el valor de “imparcialidad” que
debía acompañar los fallos judiciales….algo así como la famosa venda que tiene
que cubrir los ojos de quien hace justicia sin guiños, seducciones o
preferencias. Ganó esta última postura y la gran mayoría de los magistrados
resultaron ser foráneos conformándose inicialmente un grupo denominado “Salta”
en alusión al origen de muchos magistrados y funcionarios judiciales
provenientes de esa provincia.
A poco de andar la
provincia, caería también esta ilusión y la tan mentada imparcialidad no era
garantizada por los “venidos y quedados” ni por los “nacidos y criados”. Los
sucesivos recambios en los nombres en la Justicia ,
que se dieron con celeridad en el primer tiempo y luego más lentamente
(hasta el brutal desguace de la
Justicia con la nefasta ley 460 de jubilación anticipada),
provocó también la percepción de un deterioro progresivo del Poder Judicial y
un empeoramiento de la calidad institucional de Tierra del Fuego.
[1] Los convencionales del Movimiento popular fueguino fueron once.
Sorprendidos por el resultado de las elecciones ingresaron los que acompañaban
en la lista y presidieron la Asamblea Constituyente.
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