Dentro de unas horas, en la ciudad de Ushuaia, la Justicia Electoral entregará diplomas a los ganadores de la reciente compulsa.
Entre ellos, de manera singular, se presentará Oscar Martínez, para ocupar su banca nacional en nombre del flamante Movimiento Solidario Popular.
Los días de campaña hicieron desde diversos sectores pasar las confrontaciones por su persona. El análisis reciente de esos hechos se puede valer de lo que ha ido quedando de las crónicas periodísticas.
Pero hay un conflicto en la raíz que llevó a distanciar posturas entre los referentes del Movimiento de Martínez, y el Movimiento Popular Fueguino, separados por poco más de cien metros en la vieja calle Moyano, la que antes llamábamos "la calle de la alegría".
Y todo tiene en su origen situaciones vividas cuando el MPF fue gobierno, y sus acciones precipitaron una muerte en medio de reclamo gremial.
Martínez llevó la voz cantante, y el catalejo de la justicia se posó sobre él.
Cuando debió ser sometido a juicio hubo un movimiento en su defensa que alcanzó dimensión nacional.
Algo de todo lo que se dijo apareció en un folleto, del cual tomamos estas referencias apasionadas.
EL RECUERDO DEL HORROR
Marzo de 1995, se vislumbra un difícil futuro para los
trabajadores de Continental Fueguina.
Alrededor de un centenar de familias que dependían de esa
fuente laboral en reiteradas ocasiones vivieron al filo de la navaja, la
incertidumbre era una constante en los últimos años.
Desde los primeros días del mes, los delegados gremiales
realizaron reiteradas gestiones para mantener la fábrica en funcionamiento.
Se entrevistaron con los entonces ministros Preto y Baschera,
intentando un diálogo que permitía encontrar una solución.
Los funcionarios pidieron que hagan llegar sus demandas
por escrito. Los obreros un petitorio con siete puntos (pago de diversos rubros
salariales adeudados, que el gobierno provincial garantice la continuidad de la
producción y que se apliquen las leyes 206 y 207).
El gobierno se desentendió de acordar con los
trabajadores y cerro las negociaciones.
Preto admitió que los empresarios adeudaban al Estado
Provincial alrededor de un millón de dólares. Entonces era razonable la
propuesta obrera de que el gobierno garantice el cobro de lo adeudado por los
empresarios y que mantenga la fuente de trabajo a su cargo.
Los obreros, en medio de su desesperación por la quiebra
decretada, deciden permanecer en el establecimiento.
El 11 de abril, a las 5 de la tarde, la policía
provincial desata un violento operativo de desalojo, disparó a mansalva balas
de goma y gases lacrimógenos, golpeó a bastonazos a hombres y mujeres que
yacían indefensos en el suelo. Hubo 16 heridos, 4 quedaron internados y uno fue
operado por las lesiones recibidas.
Las imágenes recorrieron el país y el mundo, la
indignación se extendía…
La población salió a la calle espontáneamente para
demostrar su repudio a la injustificada actitud del gobierno. En Río Grande,
hubo una concentración y rápidamente un contingente de gremialistas (entre
ellos Oscar Martínez) y trabajadores marcharon hacia la capital provincial a
solidarizarse con sus compañeros apaleados.
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